El número de extranjeros residentes en España ha bajado por primera vez desde 2008. Se ha producido un descenso de casi 100.000 personas, según un informe elaborado por el Observatorio Permanente de la Inmigración. De este modo, en nuestro país hay más de 4.774.000 personas que tienen certificado de registro o tarjeta de residencia.
A pesar de este descenso, en los últimos años se ha producido un incremento de la inmigración en España. Como consecuencia de ello, los procesos de separación o divorcio con elemento extranjero han aumentado notablemente.
"Hay muchas más sentencias de este tipo que hace una década debido al incremento de la inmigración. Además, hemos detectado que se están cometiendo errores judiciales importantes en este tipo de sentencias, como por ejemplo, la inadmisión de una demanda fundamentándose en normas distintas a las que se deberían fundamentar. Desde un punto de vista técnico es asombroso y desde el punto de vista real es desesperante para las partes ya que dos personas que quieren divorciarse o separarse no pueden hacerlo", asegura Mónica Herranz Ballesteros, profesora titular de Derecho Internacional Privado de la UNED.
Mónica Herranz impartió el pasado miércoles en la UNED de Tudela la conferencia "Los procesos de separación o divorcio con elemento extranjero". Fue una charla dirigida, principalmente, a profesionales dedicados al derecho de familia; en particular, a abogados, órganos judiciales… y a estudiantes de Derecho de la UNED de Tudela.
"Sorprende que los jueces de primera instancia estén resolviendo de esta manera, que es simplemente no divorciando a estas parejas que presentan la demanda. La Audiencia Provincial de Navarra se encarga de enmendar estos errores pero hay que ver el tiempo que se tarda y lo que supone para los particulares".
Durante dos horas y media, Mónica Herranz analizó la fundamentación jurídica adecuada para determinar la competencia judicial internacional de los tribunales españoles en estos supuestos, el régimen de alegación y prueba del ordenamiento jurídico extranjero que pudiera ser aplicable a la separación y el divorcio, y el posible reconocimiento en España de las decisiones dictadas por tribunales extranjeros en la materia.